Los pozos de la muerte

abril 18, 2026

Los pozos de la muerte

La periodista Ibéyise Pacheco, fue una de las que no permitió el silenciamiento del caso.

Fuente: Wikimedia Commons. Licencia: CC BY-SA 4.0

Resumen breve: Este artículo reconstruye el caso conocido como Los pozos de la muerte (Zulia, 1985–1986), su detonante, hallazgos forenses, actores que impulsaron la denuncia y las consecuencias políticas y judiciales, con atención al contexto institucional y al legado en materia de derechos humanos.

Introducción: un episodio que obligó a mirar al Estado

En la segunda mitad de la década de 1980, el estado Zulia fue escenario de un escándalo que puso en cuestión prácticas policiales y la capacidad del sistema judicial para investigar violaciones graves de derechos humanos. El caso conocido como Los pozos de la muerte se consolidó como un símbolo de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y encubrimiento institucional, y su exposición pública fue producto de la persistencia de familiares, la acción parlamentaria y el periodismo de investigación.

Contexto regional e institucional

Durante los años ochenta, el Zulia vivía tensiones sociales y un aumento de la conflictividad urbana y rural que, en algunos sectores, se tradujo en respuestas represivas por parte de cuerpos policiales y de inteligencia. En ese marco, surgieron denuncias sobre la existencia de grupos parapoliciales o “escuadrones de la muerte” que operaban con la tolerancia o la complicidad de funcionarios. Estas prácticas no fueron exclusivas del Zulia y forman parte de un patrón más amplio de violencia estatal documentado por observadores nacionales e internacionales.

El detonante: la desaparición de Rafael Antonio “Macho” González

El caso que abrió la investigación pública fue la desaparición del adolescente Rafael Antonio “Macho” González, de 15 años, ocurrido el 07/08/1985. La detención del joven por comisiones policiales y su posterior ausencia movilizaron a su madre, Olivia de González, quien emprendió una búsqueda persistente que terminó por forzar la atención de la prensa y del parlamento regional. La constancia familiar fue un factor decisivo para que el caso no quedara en el olvido.

Investigación y hallazgo de osamentas

En 1986 las pesquisas llevaron al descubrimiento de restos humanos en pozos y aljibes de fincas del municipio La Cañada de Urdaneta y otras zonas del Zulia. Las autoridades locales emitieron inicialmente versiones que intentaron minimizar el hallazgo —por ejemplo, atribuyendo los restos a huesos de ganado—, pero los exámenes forenses contradijeron esas explicaciones y confirmaron la presencia de restos humanos con signos de violencia, incluidos impactos de bala. Estas pericias fueron determinantes para transformar una denuncia aislada en una investigación de carácter criminal y de derechos humanos.

Modus operandi: cómo operaban los pozos

Las investigaciones y las reconstrucciones periodísticas describen un patrón operativo: detenciones por parte de comisiones policiales o mixtas; ejecuciones sumarias en lugares próximos a las detenciones; y disposición de los cuerpos en pozos profundos o fosas para dificultar su identificación. En algunos relatos se documenta la participación de empleados de fincas y la colaboración de agentes estatales en la ocultación de pruebas. El sellado de pozos y la demolición de muros donde se habrían practicado fusilamientos fueron, según las fuentes, maniobras destinadas a entorpecer la investigación.

Actores que hicieron visible el caso

La exposición pública del fenómeno fue el resultado de la confluencia de tres fuerzas: la persistencia de las familias de las víctimas, la acción legislativa de diputados que llevaron el asunto al ámbito público y el periodismo de investigación que mantuvo la presión informativa.

Familiares: La búsqueda de Olivia de González por su hijo “Macho” fue el motor inicial que permitió localizar indicios y presionar a las autoridades.
Parlamento y actores políticos: Diputados zulianos, entre ellos Luis Hómez, denunciaron el caso en instancias legislativas y publicaron investigaciones que documentaron testimonios y evidencias. La obra de Hómez sobre el tema se convirtió en referencia para la discusión pública.
Periodismo: Reportajes de medios nacionales, con cobertura sostenida por periodistas como Ibéyise Pacheco, impidieron el silenciamiento del asunto y revelaron presiones y amenazas contra quienes investigaban.

Obstáculos judiciales y administrativas

Desde el inicio, el proceso enfrentó obstrucciones: versiones oficiales contradictorias, sellado de fosas, demolición de evidencias y presiones sobre testigos y periodistas. Estas maniobras limitaron la posibilidad de una investigación judicial plena y contribuyeron a que el caso terminara sin sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos. La combinación de debilidades institucionales y prácticas de encubrimiento derivó en una sensación generalizada de impunidad.

Dimensión forense y pericial

Los peritajes realizados sobre las osamentas fueron clave para desmentir las versiones oficiales iniciales. Los análisis antropológicos y balísticos señalaron que varios restos presentaban impactos de bala y que algunos correspondían a fallecimientos recientes en relación con la fecha del hallazgo, lo que apuntaba a ejecuciones extrajudiciales más que a enterramientos antiguos. Estas conclusiones forenses fueron utilizadas por denunciantes y periodistas para sostener la hipótesis de una práctica sistemática de eliminación de personas.

Responsabilidad y rendición de cuentas

Aunque las investigaciones periodísticas y parlamentarias documentaron la probable implicación de funcionarios policiales y de inteligencia, el proceso judicial no logró establecer responsabilidades claras a nivel de mandos superiores. La ausencia de condenas significativas y la clausura parcial de expedientes consolidaron la percepción de impunidad. Este desenlace alimentó críticas sobre la falta de independencia judicial y la insuficiente protección de víctimas y testigos en casos de violencia estatal.

Impacto social y legado

El caso de Los pozos de la muerte dejó varias lecciones y efectos duraderos:

Visibilización del abuso policial: El episodio contribuyó a que la sociedad venezolana y organismos de derechos humanos prestaran mayor atención a las prácticas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Fortalecimiento del periodismo de investigación: La persistencia de reporteros y medios que cubrieron el caso demostró el papel central de la prensa para forzar investigaciones y mantener la memoria pública.
Memoria y exigencia de verdad: Para las familias de las víctimas, la documentación del caso se convirtió en un recurso para reclamar verdad y reparación, aunque la justicia formal no haya respondido plenamente.

Reflexión analítica: impunidad, Estado y memoria

El fenómeno de los “pozos” en el Zulia debe leerse en clave estructural: no se trata únicamente de crímenes aislados, sino de prácticas que emergen cuando la combinación de violencia social, debilidad institucional y tolerancia política permite que agentes del Estado actúen fuera del marco legal. La impunidad que siguió al caso revela fallas en la investigación criminal, en la protección de testigos y en la independencia judicial. Al mismo tiempo, la exposición pública del caso muestra que la sociedad civil y el periodismo pueden ser contrapesos efectivos frente al abuso de poder, aunque insuficientes sin reformas institucionales profundas.

Conclusión

Los pozos de la muerte constituyen un capítulo doloroso de la historia reciente del Zulia y de Venezuela. Más allá de la tragedia individual de las víctimas y sus familias, el caso es un recordatorio de la necesidad de fortalecer mecanismos de control civil sobre las fuerzas de seguridad, garantizar investigaciones forenses independientes y proteger a quienes denuncian. La memoria de estos hechos exige documentación rigurosa y políticas públicas que impidan la repetición de prácticas de exterminio y encubrimiento.

Véase también

• Masacre del Amparo

• Presidencia de Jaime Lusinchi